Con los nuevos tiempos los profesores han pasado de ser notarios a ser jueces del conocimiento mostrado por sus alumnos, un cambio que ha dado un completo giro al sentido de las pruebas aplicadas para estimarlo. Mientras que antes como notarios atestiguaban, tras un costoso proceso de acumulación de conocimiento por parte del estudiante, la propiedad, o mejor el grado de participación en los saberes y competencias, el nuevo marco judicial les obliga a iniciar el aprendizaje partiendo de la presunción de sabiduría, proponiendo los exámenes y demás indagaciones en la fase de instrucción como hechos probatorios de su ignorancia, evidentemente con las garantías procesales que en derecho académico al aprendiz le corresponden.
Con esta nueva propuesta el profesor se enfrenta a un proceso laborioso, apasionante en lo que tiene para el alumno de descubrimiento socrático de su propia autoridad científica, pero decepcionante por las exigencias administrativas impuestas para la expedición de título de garantía. El juicio puede tener para el alumno tintes incluso humillantes, al ir erosionando lentamente, pregunta a pregunta, su conciencia de saber, por lo que de actuarse sin suficiente tacto podría afectar seriamente a su autoestima académica, a pesar de que siempre en tal caso podrá cuestionar ante más altas instancias la validez del proceso completo y ser restituido a su sabiduría primera.
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