El Gobierno subastará premios y honores

MADRID. De nuestro corresponsal. El Consejo de Ministros aprobará con toda probabilidad el próximo viernes un decreto ley para llevar a pública subasta todos los premios y honores actualmente promovidos y financiados por las administraciones del Estado. Para poder entrar en la licitación bastará con ser ciudadano español y estar al corriente de las obligaciones fiscales en los últimos cinco ejercicios, en el caso de la población laboral activa.

El Gobierno ha decidido incorporar al paquete de medidas contra la crisis, la subasta pública de los premios dependientes de las distintas administraciones públicas, sean estatales, autonómicas o municipales, aunque deja, por el momento, fuera del decreto los que la iniciativa privada mantiene actualmente para promocionar sus intereses comerciales. No veremos, pues, desaparecer el premio de novela Planeta ni el de recetas Gallina Blanca, pero sí tendremos ocasión de ver premios de la marca Cervantes, de la marca Príncipe Asturias, o de otras más modestas como Ateneo de Peñarroya, en manos de su mejor postor. Lo mismo sucederá con condecoraciones tan prestigiosas como el gran lazo de Isabel la Católica, la cruz de San Hermenegildo o el semáforo de Oro. Como es natural la administración correrá con el coste del material entregado en forma de medallas, bandas, placas o diplomas, aunque en calidades quizá algo más económicas que las habituales, pero sin que el valor y el simbolismo del premio en ningún caso se resienta.

Parte del lote de medallas al mérito que serán subastadas

Fuentes del Gobierno estiman que de este modo se corregirá el gasto corriente en unos diez mil millones de euros. Se incluye, para cada uno de los expedientes intervenidos, la cuantía del propio premio, así como los gastos de promoción y las onerosas dietas del jurado. La estimación, según indica el informe del recién creado Instituto Nacional del Premio, se ha calculado fijando para las subastas unas posiciones de partida bastante asequibles, si bien el devenir de la puja irá marcando cantidades probablemente superiores, al menos en las piezas más golosas. Por término medio se estima que el Estado obtendrá mediante este sistema unas plusvalías que rondarán el 800%, lo que nos situaría en unos ingresos cercanos a los ochenta mil millones de euros, de los que lógicamente habrían de deducirse ciertos gastos como comisiones, dietas, soporte, transporte, apertura del expediente, publicidad y otros mil imponderables.

Según las mismas fuentes gubernamentales, con esta actuación se ha querido dar respuesta a la creciente corriente de opinión que ve cada vez con mayor distanciamiento e irritación el reparto indiscriminado de premios y honores. En los últimos tiempos esta actitud ha sido escenificada de forma particularmente crítica por la plataforma ciudadana «Ningún español sin su premio», que recientemente protagonizó un acto de fiesta-protesta en el que se repartieron 500 kilos de medallas de chocolate en la madrileña plaza de las Glorias. En medios internacionales la medida correctora ha sido muy bien recibida y ha suscitado gran interés, no sólo en los mercados, sino entre los círculos de coleccionistas, donde son muchos los postores que esperan la ocasión para hacerse a buen precio con alguno de nuestros más renombrados y apetecidos premios. Con el fin de restringir los gastos del proceso, el Gobierno tiene previsto hacer entrega del material subastado a final de año, el día 28 según nos indican, en una única fiesta de gala bajo el lema de «Son sus impuestos, ahora es tu premio», a la que acudirán, como es preceptivo, las máximas autoridades del reino.